Contratamos el diagnóstico inicial en febrero, con la poda a medio terminar y las lluvias apretando. Lo que más valoro no fue el informe en sí, sino cómo se organizó la toma de muestras: nos pidieron el historial de abonado de las tres últimas campañas, el mapa de las parcelas y una fecha concreta para entrar con la barrena. Sin esa información previa, la visita se habría quedado en un paseo por el olivar.

La comunicación fue directa y sin adornos. Nos avisaron de que en dos de las parcelas el muestreo no iba a ser representativo por la mezcla de texturas y propusieron dividirlas en subzonas. Eso nos obligó a reorganizar el calendario y a asumir un coste adicional de analíticas, pero preferimos saberlo antes que recibir un promedio que no sirviera para decidir nada.

El punto flojo fue la puesta en marcha. Entre la entrega del informe y la primera aplicación pasaron casi cinco semanas, más de lo que esperábamos por la disponibilidad de producto y por la coordinación con el técnico que lleva el riego. No fue un problema grave, pero si tienes la ventana de aplicación ajustada al arranque vegetativo, conviene fijar esas fechas por escrito desde el principio.

En cuanto al contenido, el documento separa bien lo que es diagnóstico de lo que es recomendación. Nos indicaron niveles de fósforo asimilable, materia orgánica oxidable y actividad microbiana, y a partir de ahí propusieron un plan de micorrizas y enmiendas orgánicas por subzona. Nada de promesas de rendimiento: hablaron de plazos de dos a tres campañas para ver cambios medibles en raíz. Eso me dio confianza.

Repetiríamos, aunque con dos ajustes: cerrar el calendario de aplicación antes de firmar y pedir que el informe incluya un apartado de seguimiento con fechas de muestreo ya definidas. Para una explotación mediana como la nuestra, esa planificación vale tanto como el propio análisis.